Problemas

Vacíos en las políticas y regulaciones sectoriales

1. La implementación de los planes maestros de transporte no necesariamente sigue la priorización identificada.
2. Los planes maestros por modo crean confusión y conflicto con un plan maestro de transporte porque sobredimensionan el potencial aislado y facilitan la presión de intereses particulares.
3. Los departamentos y municipios deben responder por sus redes secundarias y terciarias, pero, en general, no tienen habilidades de estructuración ni de financiación.
4. El transporte masivo urbano no es sostenible con cobros a usuarios.
5. No se ha asegurado la sostenibilidad del patrimonio vial nacional y la operación continua de los puertos con mayores recursos para mantenimiento y dragado de canales de acceso a puertos.
6. La participación privada en infraestructura es vulnerable políticamente.
7. La suma de los aportes públicos previsibles y los cobros directos de peajes a los usuarios es insuficiente para financiar los proyectos de infraestructura necesarios para promover el crecimiento económico.
8. Los proyectos de alianzas público-privadas (APP) en Colombia tienen una fuerte dependencia de los peajes, cuyo margen político de uso se ha agotado.
9. El mercado de capitales colombiano es pequeño, poco profundo, ilíquido, concentrado y relativamente costoso para la entrada de nuevos jugadores.
10. La industria de concesiones tiene una alta concentración de sponsors.
11. Una parte importante del transporte de carga es de propiedad individual, con ingresos volátiles y bajos que impide que los propietarios sean sujetos de crédito.
12. Los esquemas de contratación de servicios de transporte no atraen a jugadores idóneos y no estimulan el desarrollo de capacidades empresariales.
13. La estructura industrial y los contratos se refuerzan, perpetúan flotas antiguas y bloquean el ingreso de tecnologías más limpias.
14. No existe un modelo integrado de gestión y financiación de riesgos climáticos para planificar las redes de transporte.

Cuellos de botella

La Comisión de Infraestructura (2019) identificó necesidades en arquitectura institucional, aumento de fuentes de pago y financiación, necesidades y oportunidades en alianzas público-privadas, problemas en accesos y pasos urbanos, necesidades de reordenar los sistemas de transporte urbano, competencias públicas en logística, y las necesidades de financiar el mantenimiento de las redes viales secundarias y terciarias.

1. A pesar de los avances sectoriales en varios frentes, el Ministerio de Transporte no tiene todavía la capacidad para planear, coordinar y dirigir el sector con una visión técnica y de largo plazo, y no cuenta con instrumentos para formalizar y visibilizar las instancias de interacción entre el Estado y el sector privado.
2. La Agencia Nacional de Infraestructura no es fuerte en gestión contractual y tiene un gobierno corporativo que debe reforzarse.
3. La Aerocivil ejerce un doble papel de ejecutor y regulador que aumenta el riesgo de disputas.
4. La contaminación y la congestión urbanas impactan negativamente la productividad y la competitividad de las ciudades.
5. Se debe ampliar el espectro de soluciones a la congestión en entradas y salidas urbanas y a puertos.
6. La logística de última milla y de valor tienen grandes riesgos.
7. Los accesos y entradas y salidas de las ciudades son el cuello de botella más grande para la movilidad y la competitividad de los productos de exportación.
8. La falta de información de diferentes redes de servicios (electricidad, gas, agua) en formato común introduce sobrecostos y tiempos de construcción adicionales en la expansión de todas las redes.
9. Las consultas con las comunidades y con las autoridades ambientales introducen sobrecostos y retrasos de construcción.
10. Los buses eléctricos están próximos a tener un costo total de propiedad menor que el de los buses de combustión interna y tienen amplios beneficios por la reducción de los costos de morbilidad y mortalidad por el descenso en emisiones de material particulado, pero el CAPEX de los buses eléctricos es más grande, lo que genera una brecha de financiación.